La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, se trasladó hasta la localidad de Chusmiza, en el marco de su visita a la Región de Tarapacá, donde se reunió con la comunidad indígena aymara Chusmiza-Usmagama para abordar el cumplimiento del compromiso que adquirió el Estado de Chile en un acuerdo de Solución Amistosa, suscrito el 2018, que incluye la restitución de 14.487 hectáreas.
Tarapacá: Gobierno comienza restitución de tierras aymaras
La ministra Toro compartió con la comunidad y subrayó la importancia que tiene para la actual administración cumplir los compromisos del Estado y tener una nueva relación con los pueblos originarios. Esta es, además, la primera medida de restitución de tierras indígenas que realiza la secretaria de Estado, que es uno de los ejes centrales de su gestión.
“Para nosotros – el Gobierno en su conjunto – es muy importante estar aquí. Esto representa el compromiso que tiene este Gobierno con hacerse cargo de las deudas que tiene el Estado. Sabemos que hay una historia de despojo de la que es responsable el Estado y una lucha que ustedes han tenido que dar para poder avanzar y para haber llegado al acuerdo de Solución Amistosa que el Estado no ha cumplido”, sostuvo la ministra Toro.
Soledad Carvajal, integrante de la comunidad Chusmiza-Usmagama, enfatizó que la restitución “es de suma importancia, es de suma relevancia para nuestro pueblo, porque nosotros dependemos del agua, dependemos de la tierra, entonces el traspaso de las 14 mil y tantas hectáreas va a ir en nuestro apoyo, porque el ser humano indígena tiene mucha relación con la tierra y el agua, es vital para nosotros”.
¿Que es la Solución Amistosa?
Según la OEA (Organización de Estados Americanos), el mecanismo de soluciones amistosas permite generar espacios de diálogo entre peticionarios y Estados, donde éstos puedan alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas.
Estos acuerdos, además de procurar una reparación para las presuntas víctimas de un caso concreto, han permitido que se adopten medidas con amplios efectos estructurales a nivel de todos los sectores de intervención pública, como modificaciones legislativas, implementación de políticas públicas, y programas de servicio de la comunidad.
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