Proyecto de Turismo Aventura es aprobado en general por Comisión de Economía

El proyecto busca hacer obligatorios estándares de seguridad en el segmento, imponiendo la certificación y uso visible del Sello R; registro y verificación de prestadores, y sanciones, como multas e inhabilitaciones por incumplimientos para proteger a usuarios.

Durante la sesión de votación participaron la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, y la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Mónica Zalaquett, quien se refirió a una serie de puntos que generan incertidumbre al segmento aventura.

Observaciones que preocupan al turismo aventura

El principal punto hace referencia con la certificación. La iniciativa establece que entidades privadas, previamente autorizadas por Sernatur, serán las encargadas de evaluar si los prestadores cumplen con las normas técnicas exigidas para desarrollar actividades de turismo aventura. Posteriormente, corresponderá al servicio público fiscalizar que dicha certificación haya sido obtenida y se mantenga vigente.

"Si el sistema descansa en certificadores privados autorizados, estamos ante un nuevo mercado regulado, que debe diseñarse con criterios de transparencia, competencia y trazabilidad técnica. Es por ello que consideramos fundamental que el artículo sea lo más preciso posible", indicó Mónica Zalaquett.

En la misma línea, desde Fedetur plantearon que la renovación periódica de este certificado— mencionado en el proyecto— debe ser "compatible con la sostenibilidad financiera del sector", ya que podría generar altos costos para las empresas y el fomento de la informalidad.

Al respecto, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, respondió que "el sistema que está pensado en el proyecto de ley considera una fiscalización, pero pone la responsabilidad en la empresa. Sabemos que el 98% del turismo está hecho en mipymes y está pensado justamente para que no sea una barrera de ingreso".

Por otro lado, desde el gremio apuntaron a que las sanciones de inhabilitación establecidas en el artículo 50, se configuran por reincidencia en el incumplimiento de algunas de las obligaciones, sin distinguir la gravedad de la falta, lo que generaría un sistema desproporcionado y tensiones en ejercicios constitucionales vinculados a la actividad económica.

"Creemos que la inhabilitación permanente debería reservarse para incumplimientos graves, que comprometan la vida o la integridad física de las personas o la reiteración en infracciones de seguridad sustantiva", indicó al respecto.

El futuro del proyecto

Ahora, el proyecto deberá esperar fecha para ser puesto en la tabla del Senado para votarse en general. En caso de aprobarse, volverá a la Comisión de Economía para debatirse en particular.

Cabe destacar que avance del proyecto se da tras poco más de seis meses trabado en la instancia legislativa y a días del fin del período del presidente Gabriel Boric, por lo que lo más probable es que la iniciativa se siga discutiendo en el próximo período presidencial, de la mano de la futura subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos.