Nueva ley pro-consumidor propone mejores compensaciones por sobreventa de pasajes aéreos

El texto, que es parte de la Agenda Pro-Consumidor del Gobierno, apunta a modificar la regulación vigente en caso de: denegación involuntaria de embarque por sobreventa de pasajes aéreos, facilitar la terminación de contratos de adhesión, crea una central electrónica de recetas médicas, establece el derecho a retracto en compras electrónicas y posibilita la elección de garantía de productos.

Al respecto, el jefe de Estado afirmó que “no hay nada mejor para los consumidores chilenos que tener mercados más competitivos y ciudadanos bien informados y a eso apunta este proyecto de ley en beneficio de todos los consumidores chilenos. Le pido al Congreso que, recogiendo el clamor de nuestros consumidores, apruebe este proyecto y le hagamos un regalo a cada una de las chilenas y chilenos”.

ESTADO AÉREO.

En su cuarto punto, es donde el proyecto propone específicamente la compensación por sobreventa de pasajes aéreos, con el objetivo de “armonizar la regulación nacional con los estándares internacionales”.

El proyecto señala que “existen tres diferencias entre la regulación internacional y la chilena respecto a la compensación: en el período de gracia para el pago, en la fórmula para contar el período de retraso y en el monto de indemnización”.

Por ello, el nuevo proyecto establece que el retraso del vuelo se cuenta según la hora original de llegada, y no de salida; acortará el período de gracia a una hora (en la actualidad es de tres) y se ajusta el monto de compensaciones al estándar de la Unión Europea y Estados Unidos.

El monto de compensación se ajustará al tiempo de retraso y distancia del vuelo. Mientras más retraso y mayor lejanía, más alto será el monto. Un ejemplo que dio Valente para desarrollar este punto fue un vuelo Santiago-Antofagasta. Allí se estableció que si el vuelo se retrasa más de una hora, se compensará con $100.000 al cliente por tener que pasar por esa incomodidad. Si el retraso es por más de cuatro horas, se deberá pagar $130.000.

En el proyecto de ley va detallada la compensación en Unidades de Fomento. Desde OPEN entregaron otros ejemplos: un retraso de una hora en un vuelo Santiago-Temuco tendrá una compensación de $80.000 aproximados y de $100.000 si es sobre cuatro horas. A Río de Janeiro, la compensación en caso de que no se llegue a acuerdo voluntario es de $216.000 y $270.000 si es de más de cuatro horas. A Buenos Aires es de $100.000 entre una y cuatro horas y $130.000 si supera ese lapso de tiempo.

Sobre este punto, Andrés Osorio, el director de OPEN, señaló al diario Las Últimas Noticias que es preferible mejorar las compensaciones obligatorias que restringir la política comercial de las aerolíneas de sobrevender los vuelos.

Gloria Serrat, directora comercial de Sky, comentó al mismo medio que “este proyecto sin duda que será una nueva herramienta para los consumidores y por ende, para las compañías significa un incentivo para poder potenciar y mejorar –en el caso de que sea necesario– nuestros protocolos de atención y respuesta al pasajero”.

Por su parte, Guillermo Correa, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), señaló: “Lo más importante es que las líneas aéreas respondan a los pasajeros que se vieron afectados”.

Sobre el proyecto de ley Agenda Pro-Consumidor en general, el ministro Valente señaló que “queremos que las personas dejen de perder el tiempo. Además, debe existir simetría en el trato con el cliente: que sea igual de fácil contratar, que descontratar, igual de fácil comprar que devolver el producto. Queremos clientes contentos, no cautivos”.

Problemas en el aeropuerto, ¿quién responde?

Frente a la última falla de la cinta transportadora del Aeropuerto de Santiago que causó retrasos en algunos vuelos, las aerolíneas se desligaron de las responsabilidades. En una declaración pública, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) señaló que: “Las líneas aéreas son meras usuarias de la cinta transportadora de equipaje, y víctimas directas de sus fallas de funcionamiento, por lo que cualquier imputación de responsabilidad a las compañías aéreas sobre estos hechos la rechazamos categóricamente”, agregando que “este tipo de paralizaciones es ya una constante del aeropuerto de Santiago, sobre todo en días de alta demanda, y se traduce en que decenas, y hasta cientos de equipajes de pasajeros, de todas las líneas aéreas, no alcanzan a ser embarcados, y permanecen en tierra mientras las aeronaves y sus pasajeros emprenden vuelo, con todas las consecuencias que esto conlleva. Desde luego, un gravísimo problema tanto para el pasajero afectado, como para la compañía aérea de que se trate, la que debe ubicar el equipaje y redestinarlo, incurriendo en un involuntario e inimputable incumplimiento contractual, en enormes costos operacionales e incluso en pago de indemnizaciones a sus clientes, quienes injustamente culpan de lo sucedido a su empresa de transporte aéreo. El daño, además, es a la operación global del aeropuerto, pues se propician demoras en los despegues y congestión de aeronaves”.

Además en el comunicado se comenta que esta situación se arrastra desde el anterior concesionario del aeropuerto, SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, la que tuvo la administración hasta el 30 de septiembre de 2015. “Pero se ha acrecentado y agravado a niveles críticos con la nueva administración de la obra que la sucedió desde el 1º de octubre de 2015, Nuevo Pudahuel S.A.”.

La visión desde Achet es otra. El presidente de la asocación señaló que “son ellas (las líneas aéreas) las que deben dar con el aeropuerto una respuesta a los pasajeros, ver la existencia de seguros comprometidos que y respondan en estos casos”.

Cabe mencionar que la situación se produjo en 3 de enero, días después que el aeropuerto inauguró el Espigón C, la primera parte de su ampliación, que corresponde a una sala de embarque internacional con cinco puentes de embarque dobles y cinco mangas para aviones, y que vendría a descongestionar y evitar futuros retrasos en los vuelos.