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La Unión Europea contra el greenwashing

El área de Protección al Consumidor de la Unión Europea investiga 20 aerolíneas acusadas de greenwashing

La terminología es greenwashing, la que utiliza la Unión Europea, algo así como lavado verde o en un castellano más pleno el “ecopostureo”. En definitiva, se trata de fingir ser más verde, más sustentable de lo que realmente se es. Claramente, el comportamiento frente al medioambiente es, desde el marketing, un input cada vez más valioso.

Los pasajeros toman en consideración y cada vez más seriamente, cómo se comportan las empresas en esta cuestión frente al turismo sostenibe. Por eso se llega a “mentir”, fingir, al greenwashing.

Ya la Organización de Consumidores Europeos (BEUC por sus siglas en inglés), habían hecho una denuncia al respecto el año pasado. Y a partir de ella, el área de Defensa del Consumidor de la Unión Europea, a través de la iniciativa Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) pasó a la acción. Concretamente tras investigar a 20 aerolíneas por “lavado verde” y “prácticas engañosas”, les remitió una carta brindándoles un plazo de 30 días para corregir estas actuaciones.

Unión Europea y ecopostureo

Uno de los casos puestos sobre la lupa es aquél en dónde las emisiones causadas por un vuelo podrían compensarse con proyectos climáticos o mediante el uso de combustibles sostenibles, a los que los consumidores podrían contribuir pagando tarifas adicionales.

Según la UE, las aerolíneas aún deben aclarar si tales afirmaciones pueden fundamentarse en base a fundamentos científicos sólidos evidencia.

Por otro lado, el bloque señala que aunque admite que industria aerocomercial avanza hacia las emisiones cero no desarrolla compromisos claros y verificables.

Del mismo modo, la práctica de suministrar al usuario una “calculadora” para “calcula sus propias emisiones en un vuelo específico”, sin “aportar pruebas científicas suficientes sobre si dicho cálculo es confiable y sin la información sobre los elementos utilizados para dicho cálculo”.

La UE explica que “si las compañías aéreas implicadas no adoptan la medidas necesarias para resolver las inquietudes planteadas en el carta, las autoridades del PCC pueden decidir tomar más acciones coercitivas, incluidas sanciones”.

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