Nuevo Conaf: modificaciones en el Congreso ponen en duda permisología en inversión forestal

Sernafor reemplazará a Conaf en el cuidado y preservación del bosque nativo de Chile.

El 23 de mayo se publicó en el Diario Oficial el nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor), el cual vendría a reemplazar a la actual Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la mayoría de sus funciones. Sin embargo, una serie de modificaciones en el Congreso aún ponen en duda la efectividad de la entidad en algunas materias.

Una vez puesto en marcha el servicio- el cual está a la espera del decreto presidencial que defina su fecha- absorberá cerca del 80% de las funciones de la antigua institución, específicamente en lo relacionado con la prevención de incendios, el cuidado y la prevención del bosque nativo de Chile.

Sin embargo, las modificaciones realizadas en el Congreso aún no aseguran un impacto positivo en cuanto a la "permisología" de proyectos de inversión en el ámbito forestal.

Restricciones arrastradas de Conaf

De acuerdo a una revisión realizada por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) respecto a los permisos e instituciones que intervienen en la tramitación de proyectos de inversión en el país, entre 2018 y 2022 Conaf se posicionó como una de las con mayor tasa de rechazo en relación a los proyectos revisados, registrando un 36%, solo por debajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con un 84% y el Ministerio de Bienes Nacionales con 50%.

Los permisos críticos habituales de la corporación se encuentran la poda de bosque nativo y de formaciones xerofíticas, junto a la declaración de interés nacional, siendo este último de gran interés para el mundo privado, ya que implica que la institución determine que proyecto cuenta con esta categoría.

En este sentido, algunos actores de la industria consideran que la reforma no innovó en este ámbito. Desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), a través de su presidente Rodrigo O'Ryan, esperan que el nuevo servicio "resuelva trabas actuales como los extensos plazos de aprobación de planes de manejo, que hoy dificultan la gestión sostenible del bosque nativo".

Sin embargo, desde el Ejecutivo afirman que la nueva institucionalidad "consolida su rol como ente fiscalizador del cumplimiento de leyes sectoriales y otorga a sus funcionarios facultades de ministros de fe para constatar infracciones".