La gestión de pasajeros inadmisibles abrió un debate sobre las obligaciones de las aerolíneas y los Estados. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reclama reglas claras para distribuir los costos derivados de negativas de entrada y evitar cargas ajenas al control de las compañías aéreas. (Tendencias: Europa modera el gasto turístico mientras Latinoamérica mira a 2027 con optimismo)
¿Quién asume los gastos cuando un país le niega el ingreso a un pasajero? Esto pide la IATA
IATA propone revisar las reglas sobre pasajeros inadmisibles para que las aerolíneas no asuman gastos derivados de decisiones ajenas a su responsabilidad.
IATA cuestiona la distribución de responsabilidades y gastos por pasajeros inadmisibles y reclama mayor cooperación entre aerolíneas y autoridades migratorias.
En pocas palabras
- IATA propone: Revisar reglas sobre pasajeros inadmisibles para que aerolíneas no asuman costos ajenos.
- Problemática: Las aerolíneas enfrentan gastos por negativas de entrada no detectables, afectando su operación.
- Propuesta IATA: Implementar herramientas digitales y reglas claras para una distribución equitativa de costos.
El problema va más allá de la documentación presentada en el aeropuerto. Aunque las compañías deben verificar los requisitos de viaje antes del embarque, algunas negativas responden a decisiones migratorias, alertas de seguridad o situaciones que no pueden detectar con la información disponible. Aun así, pueden asumir gastos de transporte, custodia y atención de los viajeros rechazados.
En su informe "Inadmissible Passengers in International Air Transport: Challenges, Impacts and Policy Recommendations", la asociación examina las causas de estos casos, sus consecuencias para la operación aérea y las diferencias entre las responsabilidades establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las prácticas de los distintos países.
Cuando tener los documentos en regla no es suficiente
Un pasajero inadmisible, conocido en la industria como INAD, es una persona a la que las autoridades fronterizas niegan la entrada a un país por incumplir requisitos migratorios, documentales, de seguridad u otras condiciones de ingreso. La categoría también incluye a miembros de la tripulación de vuelos internacionales.
La IATA diferencia dos escenarios: viajeros con documentos o autorizaciones incorrectos, como pasaportes vencidos, visas inválidas o documentos falsificados, y personas que cuentan con documentación aparentemente válida, pero reciben una negativa por decisiones de las autoridades migratorias. (IATA: 43% de los viajeros evita destinos por trámites migratorios)
Esta segunda situación plantea una dificultad para las compañías: no siempre acceden a la información que los gobiernos utilizan para evaluar a los viajeros. Entre las causas ajenas a su capacidad de verificación figuran las alertas de seguridad, las listas de vigilancia y las evaluaciones migratorias.
Fraudes y requisitos que complican los controles
La investigación también identifica errores en la revisión de visas, documentos vencidos, requisitos de tránsito mal interpretados y datos incorrectos transmitidos a las autoridades mediante los sistemas de información anticipada de pasajeros (API).
El fraude documental es otro factor relevante. De las 49 aerolíneas consultadas, 46 reportaron casos relacionados con credenciales falsas. Entre las autoridades fronterizas, 20 de 22 participantes señalaron situaciones similares. Además, la mayoría de las compañías estimó que los errores de documentación y procesamiento representan entre el 20% y el 30% de sus casos de inadmisión.
El documento también expone las dificultades para comprobar el cumplimiento de la regla Schengen de 90 días de estancia dentro de un periodo de 180. Para verificarla, las aerolíneas pueden necesitar revisar sellos de entrada y salida de distintos países, sin acceso al historial migratorio completo del viajero y con el tiempo limitado del proceso de embarque.
El retorno puede convertirse en un proceso prolongado
La inadmisión no termina cuando las autoridades comunican que un pasajero no puede ingresar. Después comienza un procedimiento que puede involucrar la identificación de la persona, la expedición de documentos de viaje, la coordinación con consulados y la búsqueda de una ruta para su retorno.
Las dificultades aumentan cuando el pasajero pierde o destruye sus documentos, cuando se cuestiona su nacionalidad o cuando otro Estado se niega a recibirlo. También hay países de tránsito que exigen autorizaciones y notificaciones previas. Si no se obtiene la documentación necesaria o no existe coordinación entre las autoridades, la permanencia en instalaciones aeroportuarias puede prolongarse durante semanas.
La conducta del pasajero también incide en los tiempos de salida. Las compañías reportaron casos de personas que se niegan a abordar, agreden al personal o presentan comportamientos que comprometen la seguridad del vuelo. En esas circunstancias, el comandante puede determinar que no existen condiciones para transportarlas y las autoridades deben coordinar alternativas, como la disponibilidad de escoltas.
Cuando los países no coinciden sobre el destino de retorno
El traslado no siempre consiste en devolver al pasajero al lugar desde el que inició su viaje. La normativa internacional contempla su envío al punto de partida o a otro destino donde su ingreso esté autorizado. Sin embargo, las aerolíneas señalaron que algunas autoridades insisten en una única alternativa, incluso cuando existen opciones más sencillas y menos costosas.
El informe recoge el caso de un pasajero de nacionalidad africana declarado inadmisible en Francia después de viajar desde Colombia. Según el testimonio de una compañía, las autoridades exigieron su retorno a Colombia, aunque trasladarlo directamente a su país de origen habría resultado más práctico. La operación requirió desplegar escoltas desde Colombia y generó dificultades logísticas adicionales.
A esto se suman las restricciones de las aerolíneas que reciben a estos viajeros durante el retorno. Algunas limitan la cantidad de pasajeros inadmisibles que pueden transportar en un mismo vuelo o se niegan a aceptarlos por motivos de seguridad y operación. La disponibilidad de escoltas y las condiciones de tránsito también pueden alterar los itinerarios.
El costo de retirar pasajeros inadmisibles para las aerolíneas
El impacto financiero es uno de los principales argumentos de IATA. Con información de 49 aerolíneas, el estudio calcula que cada compañía incurrió en un costo anual promedio cercano a US$1.1 millones durante 2024 para gestionar y retirar pasajeros inadmisibles. (IATA: los altos costos seguirán presionando la aviación en 2027)
El valor promedio por caso cambia según la región: US$14.000 en Europa, US$11.000 en África y Medio Oriente, US$9.500 en las Américas, US$7.000 en Asia-Pacífico y US$4.000 en el norte de Asia. Los montos incluyen multas estatales, custodia, atención, escoltas, facturas médicas y gastos administrativos, entre otros conceptos.
Las consecuencias también alcanzan la operación. Las 49 aerolíneas participantes reportaron interrupciones relacionadas con estos procedimientos. En concreto, 29 señalaron dificultades para gestionar cambios de reserva, 18 mencionaron retrasos y 10 identificaron otras afectaciones.
Las compañías pueden perder ingresos cuando deben reservar asientos para el retorno, reorganizar itinerarios o contratar servicios de otros operadores. Aunque la normativa contempla que puedan recuperar del pasajero los gastos de transporte, el informe señala que esto rara vez ocurre, debido a que muchas personas no pueden o no quieren pagar.
La responsabilidad que la normativa asigna a cada parte
Uno de los anexos de la OACI establece obligaciones diferenciadas para las aerolíneas y los Estados. El estándar 3.35 exige a los operadores tomar las precauciones necesarias para verificar los documentos de viaje antes del embarque. (OACI se une a la alianza que impulsa la descarbonización aérea)
Por su parte, el estándar 5.9 asigna a la aerolínea los gastos de custodia y atención cuando la inadmisión obedece a que el pasajero está incorrectamente documentado. En cambio, el estándar 5.9.1 establece que el Estado debe asumir esos costos cuando la negativa responde a otros motivos o a irregularidades documentales que no podían detectarse razonablemente, pese a las verificaciones correspondientes.
La investigación advierte que esta distinción no siempre se refleja en las legislaciones nacionales ni en la práctica de las autoridades. En más del 90% de los casos reportados, las aerolíneas asumieron al menos una parte de los costos de custodia y atención, incluso en situaciones relacionadas con decisiones de seguridad, evaluaciones migratorias o fraudes difíciles de identificar.
Nick Careen, vicepresidente sénior de Operaciones, Seguridad y Protección de IATA, señaló que las compañías deben asumir su responsabilidad cuando el error corresponde a sus procesos, pero no deberían afrontar gastos elevados e indefinidos cuando las circunstancias escapan por completo a su control.
Tecnología y reglas claras para prevenir nuevos casos
Para reducir las inadmisiones, el informe plantea ampliar el uso de herramientas digitales y mejorar el intercambio de información entre gobiernos y aerolíneas. Entre las alternativas figuran los sistemas de información anticipada de pasajeros (API), la información interactiva anticipada (iAPI), los lectores de documentos y las bases de datos de requisitos migratorios, como Timatic.
Los sistemas iAPI facilitan que las autoridades revisen los datos del pasajero antes de su salida y transmitan respuestas a las compañías. Aun así, los errores de digitación, la falta de integración entre plataformas y la información desactualizada pueden generar inconsistencias.
IATA también reclama que los gobiernos informen a las aerolíneas los motivos de las negativas de entrada, establezcan mecanismos para revisar sanciones y definan procedimientos claros para la custodia y retirada de pasajeros. La asociación plantea que la asignación de costos sea proporcional a las responsabilidades que cada parte puede cumplir razonablemente. (IATA pide no poner freno a la biometría en los aeropuertos)
El informe se basa en encuestas a 49 aerolíneas y 22 autoridades fronterizas, entrevistas con 20 participantes y una revisión comparativa de marcos regulatorios. IATA aclara que los resultados son indicativos y no representan estadísticamente la totalidad de las operaciones internacionales.
Para Careen, gobiernos y aerolíneas comparten el objetivo de mantener fronteras seguras y facilitar los viajes. La identificación temprana de posibles inadmisiones, el acceso a información confiable y la aplicación coherente de los estándares internacionales son fundamentales para que las responsabilidades y los costos correspondan a las capacidades de cada parte.
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