Responsabilidad

Achet: multas a las agencias no tienen lógica

El presidente de Achet, Guillermo Correa, se refirió al Proyecto de Ley que busca sancionar con altas sumas a minoristas.

Recientemente, los parlamentarios UDI, Enrique Van Rysselberghe y Rolando Rentería, presentaron un Proyecto de Ley que busca que las agencias de viajes reciban sendas sanciones si es que no ofrecen soluciones oportunas a los clientes ni respondan a tiempo ante algún incumplimiento o modificación de un servicio ofrecido. Guillermo Correa, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), salió a defender al gremio.

Según Guillermo Correa, “este Proyecto de Ley indica el absoluto desconocimiento de nuestro sector –canal de distribución de los viajes y el turismo– por parte de los parlamentarios. Se obliga a pequeños empresarios a devolver dineros que no tienen, porque debieron entregarlos a las líneas aéreas en forma inmediata si la venta fue con tarjeta de crédito, y por las que las agencias percibieron solo una comisión que hoy es menos del 1%, y deben hacerse responsables por el 100% de la devolución”.

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Guillermo Correa, presidente de Achet.

Guillermo Correa, presidente de Achet.

¿Cuáles son las sanciones para las agencias de viajes?

El nuevo estatuto busca que las minoristas reciban una sanción de 750 UTM (cerca de $39 millones) las agencias que no respondan a los clientes a tiempo. Además, las agencias de viajes que no cumplan con los servicios acordados arriesgarían una multa de hasta 1.500 UTM (casi $78 millones).

“Como si esto fuera poco, la agencia que no responda deberá pagar una multa de entre un poco más de US$ 55 mil y superior a los US$ 100 mil, por no hacer una devolución que, en promedio, no supera los mil dólares por pasajero en un vuelo internacional y los US$ 150 en un vuelo nacional. Esto no tiene lógica. De concretarse la Ley, la industria del turismo en Chile quedaría sin un canal de comercialización independiente”, agregó el presidente de Achet.

Cabe destacar que, según el Proyecto de Ley, la pandemia no podrá usarse como justificación para incumplir las obligaciones contractuales.

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