En el Congreso avanza un conjunto de seis proyectos de ley refundidos, provenientes de todos los sectores políticos, que buscan reforzar los derechos de los pasajeros frente a prácticas habituales de las aerolíneas como retrasos, cancelaciones y cobros adicionales.
¿Más derechos, menos vuelos? Aerolíneas y diputados cruzan miradas por nueva regulación aérea
Las aerolíneas advierten que los proyectos de ley pro consumidor podrían subir precios, reducir conectividad y afectar el empleo.
Aerolíneas están en alerta por un grupo de proyectos de ley que aseguran que podrían encarecer los servicios de transporte.
Las iniciativas, sin embargo, han encendido las alarmas en el sector aerocomercial por su posible impacto en la sostenibilidad de la conectividad aérea nacional
Precisamente, la Presidenta de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), Mayra Kohler y de la Country Manager de la International Air Transport Association, (IATA), Helen Kouyoumdjian; expusieron ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas, en representación de las principales compañías aéreas que operan en Chile.
"Nosotros identificamos como cuatro los impactos potenciales de este refundido de proyectos", señaló en la oportunidad Helen Kouyoumdjian.
Cabe recordar que entre las propuestas que se discuten en el Congreso se destacan medidas como la obligación de reembarcar sin costo a pasajeros afectados por cancelaciones, indemnizaciones de hasta cuatro veces el valor del pasaje en casos de sobreventa, y el derecho a cancelar el vuelo hasta ocho horas antes con un reembolso del 85%.
También se plantea una plataforma para transferir pasajes entre personas, prioridad de embarque para pacientes con emergencias médicas, tarifas fijas para zonas extremas y la gratuidad del equipaje de mano.
Más regulaciones…¿Menos vuelos?
Durante su intervención en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la representante de IATA, Helen Kouyoumdjian, expuso de forma detallada los cuatro impactos principales que —según su análisis— tendría el paquete de los seis proyectos refundidos.
En primer lugar, advirtió que diversas medidas contempladas en los proyectos, como el derecho a retracto hasta ocho horas antes del vuelo o la obligación de incluir gratuitamente el equipaje de mano, afectarían directamente el modelo de tarifas diferenciadas que utilizan las aerolíneas.
“Las tarifas más bajas hoy disponibles son posibles porque las aerolíneas pueden gestionar el riesgo y garantizar un ingreso por asiento. Si se les impide hacerlo, ese tipo de oferta desaparecerá y los precios promedio subirán”, explicó.
Como ejemplo, mostró comparativas reales de tres aerolíneas nacionales que hoy ofrecen pasajes de bajo costo con condiciones específicas. Estas tarifas (en su mayoría bajo modalidad “light” o “básica”) quedarían sin viabilidad bajo el nuevo marco regulatorio.
El aumento de restricciones normativas podría impactar directamente en la conectividad nacional, indicó la Country Manager de IATA, especialmente en zonas extremas o de baja densidad. Iniciativas como establecer cupos a tarifa fija para residentes o obligar a embarcar sin costo adicional a pasajeros afectados por cancelaciones harían menos atractiva y más costosa la operación en aeropuertos alejados.
¿Proliferación de un “mercado ilícito?
Uno de los aspectos menos visibles del debate, pero que la ejecutiva quiso enfatizar, fue el riesgo de fomentar un mercado negro de pasajes.
Según señaló, la obligación de permitir el endoso o reventa de boletos a través de plataformas digitales sin restricciones temporales ni verificación de identidad podría abrir espacios para fraudes o incluso para usos ilegales del sistema.
“Este tipo de mecanismos ya han generado problemas de seguridad desde la entrada en vigencia de la ley de endoso en 2021. La posibilidad de que una persona con orden de detención adquiera un pasaje a nombre de un tercero no es un riesgo hipotético”, advirtió. Por ello, solicitó a los legisladores revisar este punto desde una perspectiva de seguridad más que solo comercial.
Como resultado de los tres puntos anteriores, Kouyoumdjian planteó un efecto adicional: la potencial reducción de empleo directo e indirecto vinculado al transporte aéreo.
Explicó que una subida de tarifas del 10% podría traducirse en una caída de pasajeros de hasta 13,8%. Ese descenso se traduciría en menos vuelos, menos frecuencias y eventualmente el cierre de rutas, afectando tanto a las aerolíneas como a proveedores de servicios aeroportuarios, turismo, comercio y transporte terrestre.
Finalmente, hizo un llamado a que toda nueva regulación sea acompañada de un análisis de impacto serio y técnico, que considere la realidad operativa del sector aéreo, sus márgenes económicos y su rol estratégico en la conectividad nacional.
Cuestionamientos desde el Congreso
Durante la sesión, el diputado Daniel Manouchehri, uno de los impulsores del proyecto “Devuélveme mi pasaje”, respondió críticamente a los argumentos presentados por las aerolíneas. A su juicio, el discurso sobre alzas tarifarias y desempleo aparece “cada vez que se discute avanzar en derechos para la ciudadanía”, calificándolo como un “comodín repetido” por la industria.
Manouchehri puso como ejemplo una opción disponible en el portal de LATAM para agregar reembolso ante imprevistos por $2.400 (usó de ejemplo un vuelo Santiago-La Serena), lo que —según afirmó— contradice la idea de un aumento explosivo de los precios si se aplicara esa política de forma general.
“Si LATAM me cobra $2.400 por tener este derecho ciudadano, la verdad es que eso no es una hecatombe respecto al alza de las tarifas. Sería importante conocer la estadística de cuánta gente que compra un pasaje no vuela. Evidentemente creo que no hablamos de una situación masiva, sino de casos puntuales por algún imprevisto grave”, dijo.
También relativizó el temor al uso fraudulento de pasajes transferidos, cuestionando si realmente existen diferencias sustanciales en los controles de seguridad cuando un ticket se compra dos horas antes del vuelo.
Sobre el cobro del equipaje de mano, el diputado señaló que muchas veces los pasajeros enfrentan situaciones abusivas por desconocimiento de medidas o restricciones, viéndose obligados a pagar valores muy superiores en el aeropuerto. “Parece más una estrategia para aumentar las ganancias que un problema de seguridad u orden operacional”, afirmó.
Finalmente, Manouchehri reconoció que se deben revisar aspectos técnicos del proyecto, pero defendió el objetivo de fondo: dar respuesta a un sentimiento extendido de abuso que afecta a miles de pasajeros. “Todo el mundo tiene una historia de maltrato o vulneración de derechos por parte de una aerolínea. Esta legislación busca hacerse cargo de eso”, cerró.
Temas relacionados
Deja tu comentario
Más noticias de Turismo
