Ley Uber: Louis de Grange, próximo ministro de Transportes, anticipa crisis integral en el servicio

De Grange planteó que la nueva normativa posee “muchas limitaciones” y que su origen responde a un contexto político-social distante del presente, influenciado por la presión de los gremios de taxistas.

“Las tarifas se van a multiplicar y se va a reducir la oferta, lo que implica mayores tiempos de espera”, declaró a T13 Radio.

Incluso, el futuro secretario de Estado fue más allá, señalando que la activación de la ley bajo el reglamento actual tendría consecuencias macroeconómicas directas: “Si aplicas el reglamento tal como está, el nivel de desempleo podría aumentar de un 8,3% a un 9,3%. Es un impacto brutal”, puntualizó el experto designado por José Antonio Kast.

Entre los requisitos que establece la nueva legislación; se fija la obligatoriedad de contar con licencia profesional; vehículos hasta con diez años de antiguedad, revisiones técnicas cada seis meses y región específica para ejercer las labores. Asimismo, se definió un periodo de 6 meses para completar el registro de conductores y hasta 12 meses de plazo para contar con la licencia profesional.

Transición ministerial: ¿Activación inmediata o ajustes preventivos?

Por su parte, Juan Carlos Muñoz, actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ha manifestado su intención de agilizar la puesta en marcha de la ley antes del cambio de mando. Su objetivo es establecer un marco regulatorio que termine con la informalidad bajo la cual operan actualmente los conductores de aplicaciones.

Ante las críticas, Muñoz sostuvo que el reglamento es susceptible de ser modificado si resulta pertinente para garantizar un mejor cumplimiento de la ley.

Sin embargo, de Grange ya ha deslizado su voluntad de efectuar “ajustes preventivos”, lo que inevitablemente retrasaría la activación definitiva de la normativa.

Incertidumbre frente a salida del Gobierno de Boric

La Ley EAT atraviesa un periodo clave en los últimos días de la administración de Gabriel Boric. Aunque la iniciativa fue aprobada por el Congreso en 2023, la elaboración del reglamento técnico ha postergado su operatividad.

Este documento, aprobado en abril de 2025, establece la creación de una plataforma digital para el registro detallado de conductores y aplicaciones. No obstante, el desarrollo se encuentra en una fase embrionaria, dado que la licitación para dicho sistema fue aprobada recién en los primeros días de febrero pasado.

Las aprehensiones de la futura autoridad se suman a las críticas de Uber Chile, empresa que ha calificado la legislación como “improvisada”, alertando sobre la viabilidad del modelo de movilidad compartida en el país.