Al poco tiempo de su implementación en el Aeropuerto de Santiago, los tótems de autoatención generaron críticas entre los usuarios y los gremios, apuntando principalmente a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la empresa que se le adjudicó la licitación, The Pegasus Group Company, la cual cuenta con un historial de problemas similares en licitaciones con el Estado.
Aeropuerto de Santiago: ¿Cómo fue la licitación de los polémicos tótems de autenticación?
La empresa a cargo de los tótems en el sector de migraciones del Aeropuerto de Santiago ha pasado por cuestionamientos desde su postulación al proyecto.
Son en total 74 tótems instalados en el Aeropuerto de Santiago.
"Tótems fuera de servicios", "mala lectura de documentos y de huellas" y "largos tiempos de espera" son algunas de las muchas críticas que han recibido estos kioscos en la zona de migraciones. Un sistema que volvió a ser blanco de quejas tras conocerse que estarán inhabilitados hasta nuevo aviso por mantención, generando colas y atochamientos.
La polémica no es nueva: Pegasus Group, perteneciente a Monserrat Rodríguez y Rafael Valenzuela, ya había sido cuestionada durante el mismo proceso de licitación, en medio de acusaciones de incumplimientos técnicos y reclamos administrativos por parte de sus competidores.
¿Cómo fue la licitación de tótems para Aeropuerto de Santiago?
El proceso de postulación al proyecto de "Sistema de Automatización de Control Migratorio en Aeropuerto Arturo Merino Benítez" comenzó en 2020 para suplir la creciente demanda de funcionarios de la PDI que necesitaría el recinto una vez se inaugurara el nuevo terminal "T2M" en junio del año siguiente.
Una vez abiertas las ofertas a través de Mercado Público, fueron cuatro las empresas participantes: Idemia Identity, Ricoh Chile S.A, Vigatec S.A y The Pegasus Group Company, la cual obtuvo un puntaje final de 87,50%, siendo el más alto de los ofertantes, adjudicándose el proyecto el 17 de septiembre de 2020 por más $1.900 millones.
La compañía obtuvo el puntaje más alto en la mayoría de los ítems evaluados durante el proceso de licitación, aunque varios de estos indicadores comenzaron a ser cuestionados tras la puesta en marcha del sistema. Uno de los factores decisivos para adjudicarle el proyecto fue su promesa de un tiempo de coincidencia biométrica (“match”) de apenas 0,0076 segundos, aunque en la práctica dista de la experiencia reportada por los usuarios, quienes denuncian reiteradas fallas en la lectura de huellas y documentos.
Además, entre los ofertantes fue la que propuso el plazo de entrega más corto, con 50 días desde la emisión de la orden de compra. El contrato fue firmado en noviembre del mismo año, por lo que su puesta en marcha se pronosticaba para inicios de 2021, superando incluso a la fecha tentativa de la PDI, que lo fijaba para julio de ese período.
Sin embargo, los pasajeros del Aeropuerto de Santiago tuvieron que esperar hasta 2024 para ver en funcionamiento los dispositivos.
Uno de los motivos que explica la tardanza es la presentación de acciones de impugnación por parte de las demás empresas ofertantes, quienes la acusaron de incumplir las bases de licitación y faltar a la verdad en la información presentada. Esto luego de la compañía no adjuntara el documento que acreditaba su participación en las pruebas de biometría realizadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), entre otras razones. Medida que finalmente fue desestimada.
Otras polémicas de Pegasus Group Company
Pero su episodio en el Aeropuerto de Santiago no es el único caso en que la empresa nacional ha tenido problemas.
Una investigación de El Mostrador reveló que la firma es la misma que estuvo detrás del fiasco informático en la Red de Gestión Penal (RGP) del Ministerio Público de 2022, valorado en más de $7 mil millones.
Este tenía como objetivo unificar bases de datos para persecución de delitos, pero fue descrito como un "clon" de un modelo preexistente que jamás se terminó de implementar, poniendo a representantes de la compañía en la mira de la Fiscalía.
Por otro lado, la empresa había interpuesto una querella por presunta corrupción contra la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell en el marco de una licitación para adquirir 300 cámaras corporales de alta resolución para Carabineros, la cual fue adjudicada a Motorola.
En concreto, The Pegasus Group Company acusaba un "entramado criminal" para favorecer la empresa tecnológica, alegando que sus dispositivos no disponían de la función "pre y post grabado", pese a que era un requisito esencial de las bases.
A pesar de sus controversias, la empresa se ha adjudicado otros proyectos relacionados a bases de datos, como el proyecto "Servicio de Arriendo, Sistema de Agendamiento y Registro Clínico" para la Dirección de Administración de Salud de Hualpén a inicios de mes, con un contrato de casi $4 millones de pesos por un plazo de 36 meses.
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