El Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast finalmente ingresó con suma urgencia al Congreso. El polémico plan —que ya se estudia ser llevado por parte de la oposición en el Tribunal Constitucional— tiene un foco explícito en la reactivación económica, en un diagnóstico del Gobierno que señala baja inversión, menor productividad y señales de debilitamiento en el mercado laboral.
Gobierno: ¿Cuáles son las claves económicas del Proyecto de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast?
El proyecto del Gobierno apunta a reimpulsar inversión, empleo y productividad con rebajas tributarias, incentivos laborales y menor permisología.
El Gobierno envió el proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso.
Según se señala en los antecedentes del documento, Chile enfrenta una combinación de alta carga tributaria corporativa, incertidumbre regulatoria y excesiva tramitación de permisos, factores que han afectado la competitividad y desincentivado nuevos proyectos de inversión.
Rebaja de impuestos y estímulo a la inversión
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de medidas tributarias orientadas a mejorar el atractivo del país para la inversión, tanto local como extranjera. Entre ellas destaca la denominada interinamente por el Gobierno como la “madre de las batallas”: la reducción del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) desde el 27% actual hasta el 23%, en un proceso escalonado que comienza en 2027 y culmina en 2029.
Lo anterior en conjunto con la reintroducción de mecanismos de reintegración del sistema tributario, que elimina la obligación de los accionistas de devolver parte del crédito del impuesto corporativo al retirar dividendos.
Con estas medidas, se proyecta una menor recaudación fiscal de US$ 1.350 millones hacia 2028 y de US$ 3.200 millones al 2050.
En la misma línea, la reintegración del sistema tributario implicaría una caída adicional en los ingresos del fisco, estimada en US$ 39 millones para 2028 y en US$ 841 millones hacia 2050.
No obstante, el proyecto contempla medidas compensatorias. Entre ellas, la eliminación de la franquicia tributaria Sence permitiría incrementar la recaudación en torno a US$ 342 millones al 2028 y US$ 575 millones al 2050.
Incentivos al empleo: subsidios directos y contratación formal
Uno de los pilares del plan es la creación de un crédito al empleo, diseñado como un incentivo directo a la contratación formal, especialmente en sectores con menor dinamismo laboral.
En términos prácticos, el mecanismo operaría como un subsidio a la contratación, donde el Estado compensa parte del costo laboral que asumen las empresas al incorporar nuevos trabajadores. Esto puede traducirse, por ejemplo, en:
- Descuentos tributarios asociados a la contratación de nuevos empleados, reduciendo la carga impositiva de las empresas que amplíen su dotación.
- Incentivos focalizados en grupos con mayores dificultades de inserción, como jóvenes, mujeres o trabajadores de regiones afectadas por emergencias, lo que apunta a mejorar la empleabilidad en segmentos más rezagados.
- Apoyo a la formalización laboral, promoviendo que empleos informales pasen a esquemas con contrato, cotizaciones y acceso a seguridad social.
El objetivo de esta política, según el Gobierno, no es solo aumentar el número de empleos, sino también elevar la productividad, al incentivar relaciones laborales más estables y con mayor capacitación asociada.
Menos permisología: plazos más acotados y mayor certeza para la inversión
Otro de los ejes estructurales del proyecto apunta a reducir la denominada “permisología”, identificada por el Ejecutivo como uno de los principales frenos a la inversión en Chile. El diagnóstico es que los largos tiempos de tramitación y la incertidumbre regulatoria han encarecido y ralentizado la ejecución de proyectos en múltiples sectores .
Para enfrentar este escenario, el plan propone una serie de ajustes orientados a agilizar los procesos administrativos y acotar los plazos de aprobación, especialmente en iniciativas de alto impacto económico o vinculadas a reconstrucción.
En términos concretos, se plantea:
- Procedimientos abreviados para proyectos de inversión pública, permitiendo acelerar su admisibilidad y ejecución, particularmente en obras de infraestructura y servicios básicos .
- Coordinación interinstitucional obligatoria, con el objetivo de evitar duplicidades en evaluaciones técnicas y reducir la fragmentación de procesos.
- Mayor previsibilidad en los permisos, estableciendo criterios más claros sobre tiempos y resultados esperados, lo que busca disminuir el riesgo regulatorio para los inversionistas.
- Uso compartido de información y plataformas, promoviendo interoperabilidad entre organismos del Estado para agilizar revisiones técnicas y ambientales .
El objetivo de estas medidas no es solo reducir tiempos, sino también mejorar la certeza jurídica, un factor crítico para proyectos intensivos en capital que requieren planes de inversión de largo plazo.
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